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Casi es tópico decir, pero no por ello menos cierto, que las personas mayores son el colectivo que más está sufriendo por la pandemia de la COVID-19. No solo por el gran número de infectados y de fallecidos, sobre todo en la primera etapa, sino por el hecho de que esta crisis sanitaria ha mostrado con claridad la fragilidad del sistema de cuidado a los mayores.

La vulnerabilidad de las personas mayores se ha convertido quizá en uno de los asuntos más recurrentes de la agenda informativa. Al rebufo de la pandemia se ha constatado la existencia de graves problemas en la gestión de la dependencia, el manejo de las residencias, la falta de especialistas en gerontología y las dificultades económicas y sociales, que se hacen patentes en una vida precaria y en la soledad.

Al hilo de todas estas cuestiones, dos profesoras de la Universidad Pública de Navarra, Begoña Elizalde-San Miguel y Lucía Martínez Virto, del Departamento de Sociología y Trabajo Social han publicado un artículo en el último número de la revista Cuadernos Gerontológicos de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología,

Un sistema de protección deficiente para las personas mayores

De su interesante trabajo, nos permitimos recoger aquí algunas de las conclusiones, y animamos a que se lea el contenido íntegro en la propia fuente. Como afirman las especialistas, en consonancia con una creencia general, «el coronavirus nos ha sacado los colores». En su opinión, ya solo «la primera ola de esta pandemia dejó al descubierto las grietas de un sistema infrafinanciado, mercantilizado mediante lógicas muy alejadas del bienestar de las personas mayores y que descansa, principalmente, sobre las mujeres y sobre las familias que tienen recursos suficientes para contratar y asegurarse el cuidado directo».

Al imponerse la distancia social y el aislamiento como principales medidas de combate, la red de apoyo familiar cayó, y ello hizo aún más evidente las enormes carencias del modelo de atención social a los mayores. En consecuencia, reconocen que urge un gran incremento de los recursos asignados para mejoras los servicios e infraestructuras.

Pero, al mismo tiempo, señalan que las lecciones aprendidas del pasado nos obligan a reclamar que estos recursos “no sean solo más sino mejores” y eso requiere reconocer tanto el valor del cuidado como el derecho que tienen las personas a ser cuidadas, con independencia de su edad». Ponen el ejemplo de las residencias, donde «no son solo necesarias más plazas, sino que es preciso pensar cuál es el diseño de las mismas que responde mejor a los derechos de las personas mayores».

Fortalecer las redes comunitarias de apoyo

Según su valoración, hay numerosos cambios que abordar. El primero, afianzar el sistema de bienestar con recursos financieros suficientes, bajo la premisa de que el envejecimiento de la sociedad es una de las características más claras del presente y el futuro del mundo occidental. Por otro lado, también les parece necesario repensar el modelo asistencial para que los mayores puedan permanecer en sus casas o si no, «sentirse como en casa». Este hecho implica el fortalecimiento de las redes comunitarias de apoyo y un compromiso ciudadano por participar en los cuidados de las personas mayores, para que esta tarea no descanse solo en las familias que, en muchos casos, acaban colapsadas.

Las autoras también destacan que la tecnología puede desempeñar un buen papel en la atención, «y para ello hay que mejorar la conectividad de los hogares de las personas mayores y también facilitar el uso de estas oportunidades por las personas mayores». Sistemas de asistencia, vigilancia, recordatorios y comunicación pueden contribuir a gestionar mejor las necesidades en los domicilios y la vida cotidiana.

Lo importante, en todo caso, «la ciudadanía debe reclamar una democratización de los cuidados y entenderlos como un nuevo pilar de nuestro modelo de bienestar. De lo contrario, asistiremos al riesgo de un nuevo eje de desigualdad especialmente cruel: el que se establecerá entre quienes tienen recursos familiares y económicos para garantizar su atención, y quienes no».